El asentamiento humano de San Francisco Magú data
originalmente del siglo XII, al igual que muchos pueblos Otomíes del Valle de
México. Se encuentra ubicado a 43 kilómetros al norponiente de la Ciudad de
México, con una población aproximada de 15 mil habitantes.
Los vecinos y vecinas de San Francisco Magú, poblado
situado en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, han sostenido y defendido
una autonomía indígena desde tiempos anteriores incluso a la guerra de
independencia, Autonomía la cual se encuentra sostenida sobre todo, desde mi
punto de vista, en cuatro pilares: Autoridades Locales propias de la Comunidad,
Registro Autónomo de la Propiedad y del Comercio, No pago de tributos al
Ayuntamiento y una Administración autónoma del Agua Potable.
Aunque las autoridades locales de Magú, subdivididas
en Delegación y Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), fueron electas
utilizando el mecanismo institucional del Ayuntamiento de Nicolás Romero (ya
que históricamente la designación se hace por Asamblea General del pueblo), no
se entienden como “autoridades auxiliares” del municipio, ya que por usos y
costumbres estas autoridades locales resuelven controversias y conflictos entre
los habitantes buscando los caminos del diálogo y el respeto como primordial
forma de solución.
Por si lo anterior fuera poco, coordinan los
trabajos colectivos del pueblo como la construcción de calles y banquetas
además de gestionar los recursos económicos y materiales que habrán de
aplicarse a esas faenas colectivas.
Estas mismas autoridades, Delegación y Copaci están
facultadas por el consenso indígena para realizar las escrituras del pueblo,
que es la forma documental que los habitantes de la comunidad acreditan su
propiedad dentro del territorio indígena, es decir, las escrituras públicas
protocolizadas por notario público tienen nulo valor en contraste con las
escrituras extendidas por el propio pueblo. Así, coordinan y regulan los
establecimientos comerciales dentro del pueblo.
Este pueblo no paga tributos al ayuntamiento por
concepto de predial, licencia de construcción, uso de suelo etc. porque ha
trasmitido de generación en generación que les favorece una exención de
impuesto que data desde el siglo XVIII otorgada por el virrey Juan Antonio de
Bizarrón.
La tradición oral de Magú dice que este indulto fue
revalidado por los expresidentes Benito Juárez y Luis Echeverría Álvarez; pero
el que no paguen contribución pública a las autoridades municipales no
significa que el pueblo no aporte económicamente a su comunidad, ya que los
habitantes pagan anualmente “el peso” (aportación que los indígenas realizan a
la Delegación y Copaci en lugar de las contribuciones municipales) con lo cual
se cubren los gastos colectivos que la comunidad requiere.
Emilio Gandarilla Avilés, Periodista de la OEM
realizó una investigación sobre San Francisco Magú en 2009 y la hizo pública en
su columna semanal “Por los Rincones de México”. En ella dio cuenta de que este
pueblo compuesto por 2,800 viviendas además de tener autoridades locales
propias, un registro propio de propiedad y una exención de impuestos de corte virreinal
también administra su agua potable de forma autónoma.
Son los propios indígenas otomíes quienes mediante
asamblea eligen a sus representantes del Comité Local de Agua Potable de San
Francisco Magú y así administran el agua, lo cual les permite mantener bajos
costos de operación y una mayor trasparencia en la administración y destino del
vital líquido, porque la comunidad entera se ve involucrada en la relación Ser
Humano – Agua.
Este sistema de autonomía durante décadas y décadas
ha coexistido con el sistema municipal de gobierno, a tal grado que incluso un
alcalde de nombre Rafael Barrón Romero dijo en enero de 2006 a Juan Manuel
Barrera reportero del periódico El Universal lo siguiente: “lo más
significativo es que ellos ponen su trabajo, la mano de obra, en las obras que
hemos financiado en el pueblo, con su mano de obra pagan mucho más de lo
que pagarían con impuestos”.
No obstante, el pueblo de San Francisco Magú ha sido
agredido y hostigado los últimos tres años para imponer un proyecto inmobiliario
en su bosque tradicional conocido como “El Ocote y Las Carretas” el cual
requeriría sobre todo agua y atentaría profundamente contra el sistema
tradicional de gobierno autónomo de los otomíes, es decir, el Proyecto
Inmobiliario denominado “Bosques del Paraíso” transgrediría no solamente las
reservas acuíferas sino también el modo de vida de estos indígenas mexiquenses.
Las autoridades municipales y estatales parecen
estar dispuestas a todo por imponer su voluntad, y así someter de una buena vez
a un pueblo digno de respeto y el cual es ejemplo de que los procesos
autonómicos son una propuesta viable y real de organización comunitaria.
Ante ello, la organización indígena ha crecido por
encima de agresiones policiacas y de grupos de choque como la registrada el
pasado 8 de marzo.
Sin duda alguna, San Francisco Magú a fuerza de
organización y lucha, es hoy un referente obligado para los estudiosos de los
procesos de autonomía indígena no sólo en el Estado de México sino en el país
en general, pareciera imposible que a menos de 50 kilómetros del Distrito
Federal exista un pueblo indígena que con sus usos y costumbres desafía con
procesos de autonomía el gran proyecto político y económico impuesto desde las
élites de este país.
Lo anterior nos debe llamar a difundir y apoyar a
este digno y admirable pueblo otomí.
José Antonio Lara Duque, Abogado y Defensor de Derechos Humanos,
fundador e integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la Alianza Única del Valle*
*Las opiniones aquí expresadas no necesariamente son asumidas por las organizaciones
